En el debate, las posiciones parecen haberse encastillado en las últimas semanas. Por una parte, la Iglesia Católica se aferra a los derechos heredados del Concordato y lanza la peregrina acusación al Ejecutivo de "limitar la libertad religiosa". El Gobierno justamente replica que nunca hubo tanta libertad de religión como ahora, pero al mismo tiempo se niega a considerar más opciones que la ya anunciada de preservación de los derechos del catolicismo y la expansión de ese modelo a las religiones "de notorio arraigo", a través de una nueva fundación estatal. Incluso el Papa ha querido terciar en la polémica, ampliando el debate a temas que no son de su incumbencia (como el plan hidrológico nacional). Seguiremos atentos.
